Sin ninguna entrada de ayuda en Gaza desde el 2 de marzo, la ONU y las oenegés no han dejado de resaltar la “catástrofe” creada por Israel y sus 78 días de bloqueo. Un cerco alimentario, a las medicinas y el combustible, que este lunes accedió a suavizar con una entrada mínima de camiones –solo con una cantidad “básica de comida”–, en respuesta, según Beniamin Netanyahu, a las preocupaciones de sus aliados, sobre todo senadores estadounidenses.
En un vídeo en su canal de Telegram, el premier israelí reconoció que el apoyo de Washington se acerca a una “línea roja” y está en riesgo ante “las imágenes de hambruna”, el estado de inanición de los civiles que hasta ahora su gobierno había negado.
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El COGAT, el órgano militar hebreo a cargo de los asuntos civiles palestinos, afirma que en Gaza ya han entrado cinco vehículos. El jefe de la oficina humanitaria de la ONU (OCHA), Tom Fletcher, completó por su parte que “el lunes, nueve de nuestros camiones fueron autorizados a entrar por el paso de Kerem Shalom”.
Sin embargo, añadió que estos camiones son “una gota en el océano” para más de dos millones de palestinos que están en riesgo crítico de hambruna, con al menos 57 niños muertos como consecuencia de la desnutrición desde octubre de 2023. Dan para “un pan y una comida [al día], y eso es todo”, se jactó el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.
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Frente a la presión y para que nadie detenga su invasión, Israel ha respondido con esta medida, a la que le seguirá su plan –apoyado por EE.UU.– para reanudar de forma limitada la entrega de ayuda mediante contratistas privados. Un modelo que las organizaciones humanitarias rechazan y que, según recuerda una trabajadora de una ONG internacional presente en Gaza, apenas tiene antecedentes en los devastadores conflictos en Afganistán e Irak.
El primer ministro de Israel, Beniamin Netanyahu (YONATAN SINDEL/JINI / XINHUA NEWS / Europa Press)
La sensación de la cooperante es que el plan de Israel –que justifica para evitar supuestos robos de Hamas– representa el choque de “dos mundos”: uno “viejo”, encarnado por Naciones Unidas y oenegés que se rigen por principios humanitarios; y uno “nuevo”, el de estas empresas privadas y “actores sin principios claros” que “limita a las organizaciones humanitarias”.
De ese “mundo nuevo” surge la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una opaca entidad registrada en febrero en Ginebra e integrada por exmilitares estadounidenses, empresas privadas de seguridad y operadores privados de ayuda humanitaria. Esta firma dijo que iniciará el reparto de ayuda “antes de finales” de mayo desde un número limitado de centros de distribución –en principio serían cuatro o cinco– que, según Israel, se instalarán en el sur de la franja (dentro de la zona controlada por su ejército), donde piensa desplazar por la fuerza a casi todos los gazatíes.
Israel ultima su plan de militarización de la ayuda con la participación de contratistas privados
En un comunicado publicado por The Washington Post, el director de la GHF, Jake Wood, declaró que planifican repartir 300 millones de comidas en los primeros 90 días. Los paquetes serían entregados a representantes designados para varias familias, en un proceso vigilado por soldados que incluye un escaneo de datos biométricos.
Pese a que, en una carta enviada al gobierno de Netanyahu, Wood remarca la necesidad de abrir otros puntos de entrega en el norte “en 30 días” y promete “no compartir [con Israel] información” de las familias “beneficiadas”, ello no cambia la oposición de la ONU y de las ONG a un esquema que, sostienen, vulnera principios básicos como la imparcialidad e independencia.
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La responsable de políticas de Oxfam, Bushra Khalidi, denuncia que a la población, “que se muere de hambre, que es desplazada por la fuerza y bombardeada a la vez, se le dice que haga fila para conseguir comida en zonas valladas, gestionadas por contratistas militares privados. Estamos siendo reemplazados [las ONG] por un sistema militarizado que trata a los palestinos como números para escanear, no como personas a salvar”.